miércoles, septiembre 19, 2012

Atención médica a los indocumentados y objeción de conciencia.

Por: Dr. Eloy A González.
La atención médica a los indocumentados y el derecho de estos a recibir servicios de salud en el país donde se han establecido es  motivo de controversia, pero es también un problema de salud con implicaciones económicas y éticas.
El asunto toma interés cuando vemos las medidas de austeridad adoptadas en un país específico, España, y la decisión de  médicos u organizaciones médicas para hacer concurrir la objeción de conciencia y el derecho a la salud. Esta cuestión es traída después de que a partir del 1 de septiembre del presente año entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.
 A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora". En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".
Pero lo más interesante de esta medida es lo que puede ocurrir cuando los indocumentados requieran de atención médica. Los servicios de atención dependientes del Ministerio de Sanidad  dice la fuente “nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a su país de origen en caso de que haya convenio de colaboración bilateral con España. Los irregulares, léase indocumentados, que no paguen quedaran registrados. El paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", sin embargo quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención;  si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".
Hay muchas preguntas sobre estas medidas de austeridad que se han establecidos en España y que buscan según los expertos el ahorro de unos 500 millones de euros del presupuesto para la salud en ese país.
La cifra que alarma son los 153 mil indocumentados, más los que irán llegando, que no cuentan con la cobertura médica que hasta ahora el estado español proporcionaba. De cara a esta realidad es que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha pedido a los médicos recurrir a la objeción de conciencia ante el Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España. A su juicio, la normativa supone un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos pacientes.
De acuerdo a los argumentos de esta organización médica, aquellos que a partir de esta normativa lleguen a España si deben adecuarse a las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad  considerando que “los médicos tienen la obligación de cumplir la Ley aunque no estén de acuerdo ya que, ha apostillado, no se está atentando contra "ningún principio ético básico”. Es decir si llegas después del 1 de septiembre como indocumentado no aplica para la objeción de conciencia. Entonces queda por aclarar este término de “objeción de conciencia” en relación a la atención medica y nada mejor que consultar la opinión del Comité de Bioética de España al respecto: Se entiende por “objeción de conciencia la negativa de una persona a realizar ciertos acto so tomar parte en determinadas actividades jurídicamente exigibles para el sujeto, para evitar lesión grave de la propia conciencia. Hasta aquí la definición, pero la fuente agrega que el ejercicio de la objeción de conciencia es  individual. De manera que una organización o gremio de médicos pro sí misma no debe de asumir esta objeción como conducta colectiva. Pero bien estos argumentos han sido cuestionados como todo tema controvertible. Lo cierto es que muchos médicos en España consideran que excluir a sus pacientes indocumentados de la atención médica es lesivo para su conciencia como médicos y argumentan lo que se ha dado en llamar “el derecho a curar”.
Pues bien, veamos esta controversia en nuestro contexto. Sabemos que 11,9 millones de indocumentados viven en los Estados Unidos; estos no tienen acceso a los servicios de salud que en la mayoría de los casos viene aparejado a los servicios de seguros de salud que establecen una relación con los empleadores para el sistema de pago por la prestación de servicios médicos a sus empleados. Estos indocumentados tienen que agenciarse servicios médicos privados o en clínicas comunitarias. Esta cifra de indocumentados, en número tal, supone un problema no solo relativo al tema migratorio sino a la salud en su conjunto. Los 11,9 millones de indocumentados en los EEUU son parte del entramado sanitario del país, mantenerlos al margen del sistema nacional de salud supone un riego al contar con una población que realmente está aquí y que es o puede ser portador de enfermedades y enferma como el resto de la población. La atención medica a los indocumentados en un gesto de compasión, pero es también un acto realista para evitar mantener al margen a una población que es parte de la completa estructura de salud del país. Ignorarlos es asumir una actitud  inmisericorde pero es también un riesgo sanitario; veamos así el asunto.
Hace algún tiempo por el año del 2005, motivado por el desempeño de una organización local no lucrativa escribí un artículo sobre las facilidades hospitalarias en el condado de Tarrant. En mi artículo titulado: Atención Médica a los indocumentados: Una buena iniciativa de Salud” (publicado en el periódico Panorama, Fort Worth, TX en marzo del 2007) donde señalé lo siguiente:
Debemos de ser justos, el Hospital del  Condado (JPS), atiende a un extensa población y de hecho proporciona cuidados de Salud a personas que no tiene seguros médicos o cuentan con ingresos muy bajos. La atención que provee es adecuada y calificada y disponen de la tecnología apropiada para atender a los pacientes con los requerimientos científico- técnico alcanzados en la práctica médica más actual. Ahora bien, una parte de la población, alrededor de 96 mil indocumentados, que no pueden acceder a estos servicios, se ven obligados a concurrir a los Servicios de Emergencias bajo condiciones críticas de Salud y corriendo el riesgo de presentarse en la lógica fatalidad de morir. Sabemos que la solución al amplio y complicado problema de la inmigración ilegal, y la presencia de cerca de 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos admite una solución con apego al derecho y considerando la promulgación de leyes justas y sensatas. Estamos seguros que no está lejano el día en que el Congreso de una repuesta a tan espinoso asunto. Hasta tanto, buscar una solución para que 96 mil de estos indocumentados tenga acceso a la atención médico en nuestro Condado, es un acto de responsabilidad y generosidad compartida por todos.
Unos meses después de este artículo escribí otro sobre el mismo tema, esto es la atención médica a indocumentados en el Condado de Tarrant titulado: ¿Podrá el Hospital público ser realmente público? (publicado en el periódico Panorama de Fort Worth, TX) Allí señalé lo siguiente:
Ahora bien, esta atención (me refiero a la ofrecida por el Hospital del Condado- JPS Health Network)  de salud que se extiende a los más necesitados debe y puede aumentar sus ofertas de atención a todos y cada uno de aquellas personas que no cuentan con un seguro médico, a los que transitan por los límites de la indigencia, o aquellos que deambulan sin hogar ni trabajo; y también, ¿por qué no?, a los indocumentados. Estos últimos tienen derecho a la Salud, ya están aquí, forman parte de la sociedad y hasta tanto trabajen y vean nacer y crecer a sus hijos aquí después que han constituido una familia, no hay razón alguna para cerrarles las puertas cuando buscan cuidados médicos.
Médicos objetores de conciencia, en realidad no aparecen por aquí; ni considero que tan contencioso y controvertible asunto deba de hacerse presente para garantizar la atención médica a los indocumentados. Pero eso sí, estoy seguro que será posible la atención médica para todos, incluyendo a los indocumentados, en clínicas comunitarias o en hospitales de los Condados , en ocasiones denominados como “hospitales públicos” siempre y cuando se conjuguen las voluntades de las autoridades locales y se amplíen y mejoren la infraestructura de los servicios de salud como son: las clínicas, los servicios de emergencias y las áreas destinadas a la hospitalización, entre otras cosas; y desde luego, disponiendo de consistentes presupuestos. No debe excluirse la posibilidad de que indocumentados debidamente registrados con su número provisional ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) puedan asumir en parte el costo de la atención medica o que las facturas por su atención puedan, - también en parte-, ser pagadas por sus países de origen mediante convenios previamente establecidos.
Las solución de la atención medica de los indocumentados en este como en cualquier país pasa por la consabida generosidad que debe caracterizar a los países donde se apuesta por el bien colectivo.
Septiembre de 2012©