Por: Dr. Eloy A González.
La atención médica a los
indocumentados y el derecho de estos a recibir servicios de salud en el país
donde se han establecido es motivo de controversia,
pero es también un problema de salud con implicaciones económicas y éticas.
El asunto toma interés
cuando vemos las medidas de austeridad adoptadas en un país específico, España,
y la decisión de médicos u
organizaciones médicas para hacer concurrir la objeción de conciencia y el
derecho a la salud. Esta cuestión es traída después de que a partir del 1 de septiembre
del presente año entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a
efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin
tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación
irregular en España.
A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se
hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la
atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la
asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, En el caso de
aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico,
fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo
atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que
vayan llegando a partir de ahora". En el caso de aquellos 'sin papeles'
que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio
aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio
no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de
ahora".
Pero lo más interesante
de esta medida es lo que puede ocurrir cuando los indocumentados requieran de
atención médica. Los servicios de atención dependientes del Ministerio de
Sanidad dice la fuente “nunca te van a pedir dinero previamente a
atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta
sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su
atención, que se le pasará a su país de origen en caso de que haya convenio de
colaboración bilateral con España. Los irregulares, léase indocumentados, que
no paguen quedaran registrados.
El paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", sin embargo quedará
registrado lo que adeuda al SNS por su atención; si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y
sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".
Hay muchas preguntas
sobre estas medidas de austeridad que se han establecidos en España y que
buscan según los expertos el ahorro de unos 500 millones de euros del
presupuesto para la salud en ese país.
La cifra que alarma son
los 153 mil indocumentados, más los que irán llegando, que no cuentan con la cobertura
médica que hasta ahora el estado español proporcionaba.
De cara a esta realidad es que la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha pedido a los médicos recurrir a la objeción de
conciencia ante el Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia
sanitaria a inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España. A su juicio, la
normativa supone un "conflicto ético" entre los profesionales en
relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos
pacientes.
De acuerdo a los
argumentos de esta organización médica, aquellos que a partir de esta normativa
lleguen a España si deben adecuarse a las medidas dictadas por el Ministerio de
Sanidad considerando que “los médicos tienen la obligación de cumplir
la Ley aunque no estén de acuerdo ya que, ha apostillado, no se está atentando
contra "ningún principio ético básico”. Es decir si llegas después del
1 de septiembre como indocumentado no aplica para la objeción de conciencia.
Entonces queda por aclarar este término de “objeción
de conciencia” en relación a la atención medica y nada mejor que consultar la opinión del Comité de Bioética de España al respecto: Se
entiende por “objeción de conciencia la
negativa de una persona a realizar ciertos acto so tomar parte en determinadas
actividades jurídicamente exigibles para el sujeto, para evitar lesión grave de
la propia conciencia. Hasta aquí la definición, pero la fuente agrega que el
ejercicio de la objeción de conciencia es
individual. De manera que una organización o gremio de médicos pro sí
misma no debe de asumir esta objeción como conducta colectiva. Pero bien estos
argumentos han sido cuestionados como todo tema controvertible. Lo cierto es
que muchos médicos en España consideran que excluir a sus pacientes
indocumentados de la atención médica es lesivo para su conciencia como médicos
y argumentan lo que se ha dado en llamar “el derecho a curar”.
Pues bien, veamos esta
controversia en nuestro contexto. Sabemos que 11,9 millones de indocumentados
viven en los Estados Unidos; estos no tienen acceso a los servicios de salud
que en la mayoría de los casos viene aparejado a los servicios de seguros de
salud que establecen una relación con los empleadores para el sistema de pago
por la prestación de servicios médicos a sus empleados. Estos indocumentados tienen
que agenciarse servicios médicos privados o en clínicas comunitarias. Esta
cifra de indocumentados, en número tal, supone un problema no solo relativo al
tema migratorio sino a la salud en su conjunto. Los 11,9 millones de indocumentados
en los EEUU son parte del entramado sanitario del país, mantenerlos al margen
del sistema nacional de salud supone un riego al contar con una población que
realmente está aquí y que es o puede ser portador de enfermedades y enferma
como el resto de la población. La atención medica a los indocumentados en un
gesto de compasión, pero es también un acto realista para evitar mantener al
margen a una población que es parte de la completa estructura de salud del
país. Ignorarlos es asumir una actitud
inmisericorde pero es también un riesgo sanitario; veamos así el asunto.
Hace algún tiempo por el año
del 2005, motivado por el desempeño de una organización local no lucrativa escribí
un artículo sobre las facilidades hospitalarias en el condado de Tarrant. En mi
artículo titulado: “Atención Médica a los
indocumentados: Una buena iniciativa de Salud” (publicado en el
periódico Panorama, Fort Worth, TX en marzo del 2007) donde señalé lo siguiente:
Debemos de ser justos, el
Hospital del Condado (JPS), atiende a un
extensa población y de hecho proporciona cuidados de Salud a personas que no
tiene seguros médicos o cuentan con ingresos muy bajos. La atención que provee
es adecuada y calificada y disponen de la tecnología apropiada para atender a
los pacientes con los requerimientos científico- técnico alcanzados en la
práctica médica más actual. Ahora bien, una parte de la población, alrededor de
96 mil indocumentados, que no pueden acceder a estos servicios, se ven
obligados a concurrir a los Servicios de Emergencias bajo condiciones críticas
de Salud y corriendo el riesgo de presentarse en la lógica fatalidad de morir.
Sabemos que la solución al amplio y complicado problema de la inmigración
ilegal, y la presencia de cerca de 12 millones de indocumentados en los Estados
Unidos admite una solución con apego al derecho y considerando la promulgación
de leyes justas y sensatas. Estamos seguros que no está lejano el día en que el
Congreso de una repuesta a tan espinoso asunto. Hasta tanto, buscar una
solución para que 96 mil de estos indocumentados tenga acceso a la atención
médico en nuestro Condado, es un acto de responsabilidad y generosidad
compartida por todos.
Unos meses después de
este artículo escribí otro sobre el mismo tema, esto es la atención médica a
indocumentados en el Condado de Tarrant titulado: ¿Podrá el Hospital público ser realmente público? (publicado en el
periódico Panorama de Fort Worth, TX) Allí señalé lo siguiente:
Ahora bien, esta atención
(me refiero a la ofrecida por el Hospital del Condado- JPS Health Network) de salud que se extiende a los más
necesitados debe y puede aumentar sus ofertas de atención a todos y cada uno de
aquellas personas que no cuentan con un seguro médico, a los que transitan por
los límites de la indigencia, o aquellos que deambulan sin hogar ni trabajo; y
también, ¿por qué no?, a los indocumentados. Estos últimos tienen derecho a la
Salud, ya están aquí, forman parte de la sociedad y hasta tanto trabajen y vean
nacer y crecer a sus hijos aquí después que han constituido una familia, no hay
razón alguna para cerrarles las puertas cuando buscan cuidados médicos.
Médicos objetores de
conciencia, en realidad no aparecen por aquí; ni considero que tan contencioso
y controvertible asunto deba de hacerse presente para garantizar la atención médica
a los indocumentados. Pero eso sí, estoy seguro que será posible la atención
médica para todos, incluyendo a los indocumentados, en clínicas comunitarias o
en hospitales de los Condados , en ocasiones denominados como “hospitales públicos” siempre y cuando se
conjuguen las voluntades de las autoridades locales y se amplíen y mejoren la
infraestructura de los servicios de salud como son: las clínicas, los servicios
de emergencias y las áreas destinadas a la hospitalización, entre otras cosas;
y desde luego, disponiendo de consistentes presupuestos. No debe excluirse la posibilidad
de que indocumentados debidamente registrados con su número provisional ITIN
(Individual Taxpayer Identification Number) puedan asumir en parte el costo de
la atención medica o que las facturas por su atención puedan, - también en
parte-, ser pagadas por sus países de origen mediante convenios previamente
establecidos.
Las solución de la
atención medica de los indocumentados en este como en cualquier país pasa por
la consabida generosidad que debe caracterizar a los países donde se apuesta
por el bien colectivo.
Septiembre de 2012©
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